El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aceptó este mes pasado algunas de las enmiendas propuestas en el Congreso de los Diputados como la exclusión del pago para los juicios monitorios con asuntos inferiores a los 2.000 euros, con el objetivo de agilizar la reclamación de deudas vencidas y documentadas, aunque en los casos en los que exista un título ejecutivo extrajudicial, tendrá que seguir acudiéndose al procedimiento ejecutivo.
En la comparecencia, realizada para presentar el proyecto de ley que regula las tasas en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo, anunció que también quedarán exentos del pago de tasas los procesos penales y la primera instancia en el orden social, así como los procesos de capacidad, filiación y menores, y los de protección de los derechos fundamentales, así como los beneficiarios de Justicia gratuita.
Además, el proyecto de ley prevé tres bonificaciones en el pago de tasas: Se devolverá el 60% de la cuantía cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos, y un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados.